La Guajira, 8 de mayo de 2021
Aduciendo sus derechos como patrón, la multinacional Carbones del Cerrejón ha venido arremetiendo contra sus trabajadores, ante la sumisa mirada de las autoridades regionales y nacionales. Inició con la imposición a los trancazos del turno de la muerte, pero el punto cúspide fue el 23 de febrero de este año, cuando en apenas 24 horas, a través de una firma de abogados externa, desvinculó más de 290 trabajadores. Unos 70 compañeros fueron presionados para que hicieran mutuo acuerdo y más de 220 fueron despedidos sin justa causa.
Lo que ocurrió en Cerrejón contra sus trabajadores, es un record perverso. Ninguna empresa seria en Colombia había procedido así contra su masa laboral. Sin previo aviso, ese 23F, los compañeros recibían una llamada casi extorsiva de una persona desconocida, notificándole su despido, con un ultimátum que debía resolver en 2 horas si quería un mutuo acuerdo o, de lo contrario, recibiría su carta y la liquidación a través de su correo electrónico. Muchos, ni siquiera fueron contactados y se enteraron que estaban despedidos posteriormente a través del correo electrónico o cuando se presentaron a trabajar.
Con esa acción, Cerrejón atropelló, más que trabajadores, a 220 familias en plena pandemia y de paso la empleabilidad, los ingresos circulantes producto del trabajo y la paz laboral en una región sin mayores oportunidades. Muchos compañeros despedidos sin justa causa padecen patologías que limitan su capacidad de trabajo; también hay quienes seguían tratamientos médicos para sí mismos o para sus familiares y quedan sin seguridad social y sin planes adicionales de salud; otros tenían a la pareja en estado de embarazo; muchos quedaron en la calle con cero pesos en su liquidación final; algunos tenían préstamos de vivienda que la compañía les había otorgado y salen con endeudamiento y con posibilidades de perder su casa, ante la carencia de ingresos para seguir pagando las cuotas.
En fin, Cerrejón acabó de un solo tajo con la vida y el futuro de muchos guajiros sin ninguna justificación. Ya se le ha demostrado que botar trabajadores no mejora, para nada, su situación económica pues ante los ingresos billonarios que se reciben por venta de carbón, aún en tiempos malos, la reducción de personal no alcanza siquiera el 1% en ahorro de costos. El turno de la muerte y el consecuente despido de una cuadrilla, no es una solución financiera para Cerrejón, menos para estos tiempos que los precios del mineral están repuntando y el costo de producción por cada tonelada bajó ante el incremento del dólar. Eso está demostrado. La imposición del turno de la muerte y el despido de trabajadores es capricho malévolo de la administración de la multinacional.
Varios compañeros despedidos, por iniciativa propia, salieron a protestar contra su patrón. Eso es un derecho de ellos que Cerrejón dice respetar, pero a través de lánguidos comunicados. El verdadero respeto sería que escuchara y solucionara sus peticiones, como los compañeros lo han planteado, dirigiéndose por escrito a la señora presidenta de la compañía, Claudia Bejarano. La protesta es legal en Colombia, por si no lo sabía la multinacional. Es la manera de levantar la voz, de pedir respaldo y auxilio, que en este caso específico han desoído muchos jueces y otras autoridades, ante la evidente violación de los derechos fundamentales.
Sintracarbón respalda las peticiones de los compañeros despedidos. A nombre de ellos hemos pedido a la compañía que los escuche. No es equiparable, nunca, los derechos del poderoso por encima de los derechos de los débiles. El ahorro ínfimo de costos no está por encima de la comida de centenas de familias.
Asimismo, hacemos un llamado a las autoridades administrativas y de control a no ceder a los pedidos de la compañía de arremeter contra los protestantes. En concreto, pedimos que la justa y pacífica protesta no sea reprimida, tal como lo viene haciendo el gobierno Duque en el país con más de 40 muertes y miles de lesionados. Desde ya hacemos responsable a Cerrejón de cualquier lesión a la vida e integridad de nuestros compañeros manifestantes. De nuestras autoridades esperamos es que se paren de nuestro lado y sirvan de garantes para que Cerrejón escuche a quienes protestan. Ellos no están pidiendo caridad alguna. Solo la oportunidad de seguir ganando un salario con el sudor de su frente.
Desde acá instamos al señor Gobernador de la Guajira, a los alcaldes, al Ministerio del Trabajo, a la Procuraduría Regional y a la Defensoría de Pueblo a intervenir en favor de nuestros valientes compañeros. Es el pueblo que protesta pacíficamente, en ejercicio legítimo de un derecho.
¡La Lucha sigue!
¡Nadie se doblega!
¡No claudicaremos!
¡Viva nuestra base!
¡Viva Sintracarbón!
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
