Boletín de prensa y video – 09072020 – La Jagua de Ibirico
Los sindicatos Sintracarbón y Sintramienergética anunciaron ayer a las comunidades del Cesar su unidad de acción para emprender las medidas legales y políticas necesarias en busca de impedir que la Agencia Nacional de Minería acepte la pretensión de Prodeco-Glencore de cerrar temporalmente la operación en las minas Calenturitas y La Jagua, una decisión desastrosa para los trabajadores, las comunidades y el departamento del Cesar.
Resaltan estas organizaciones sindicales la incoherencia de la compañía Glencore, que pone en riesgo la poca estabilidad económica de las empobrecidas comunidades y sus trabajadores, mientras mantiene con todas las garantías laborales, a los empleados administrativos y directivos, quienes cuentan con una mayor capacidad de soportar la difícil situación presente provocada por la pandemia de la covid-19, dadas sus excelentes condiciones salariales y calidad laboral, así como por sus condiciones especiales de salud al no estar en contacto directo con el mineral.
Este es un momento en el que el país tiene derecho a exigir a las concesionarias que han explotado sus recursos naturales no renovables, entregando mínimas retribuciones a la Nación, una verdadera corresponsabilidad con la recuperación integral del país, que no es sólo de la economía empresarial sino de su entorno social.
Resulta también bastante curioso que la compañía Glencore tome esta determinación en momentos en que el precio internacional del carbón ha comenzado nuevamente a repuntar, tras las caídas de los meses de mayo y junio, precipitadas por la práctica parálisis económica mundial.
Las organizaciones sindicales Sintracarbón y Sintramienergética invitan a la Agencia Nacional de Minería a considerar el verdadero contexto de la operación carbonera en el Cesar, a valorar juiciosamente los resultados de estas minas y a proteger los derechos de los obreros mineros y las comunidades vecinas.
También llaman estas organizaciones a los congresistas a hacer control político a una decisión que puede poner en situación de hambre al departamento del Cesar.
Igor Kareld Díaz López
Presidente JDN