A las 7:30 de la noche del 6 de mayo, sicarios atentaron contra la vida de dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Materiales de Construcción (Sutimac), en su propia sede en Cartagena, quienes a esa hora desarrollaban una asamblea con miembros de la Unión Patriótica (UP), Marcha Patriótica, Partido Comunista Colombiano (PCC), Juventud Comunista (Juco), y la lideresa Imelda Daza Cotes, ex candidata a la Gobernación del Cesar y una de las pocas sobrevivientes del genocidio de la UP.
En la sede del sindicato se encontraban aproximadamente 25 personas, de las cuales resultó herido uno de los escoltas de Manuel Fernández (presidente de Sutimac Cartagena), cuando se repelió el ataque criminal. Gracias a Dios el compañero escolta se recupera satisfactoriamente en un centro hospitalario de esa ciudad.
Este atentado criminal se suma a los miles de que han ocurrido y siguen ocurriendo a lo largo de nuestra geografía, ante la mirada despreocupada y a veces cómplice del Estado colombiano. Datos hasta 2015 de la Escuela Nacional Sindical (ENS), dan cuenta que en los últimos 4 años 105 sindicalistas fueron asesinados. Precisamente durante ese tiempo, se “aplicó” el plan de acción laboral que Colombia suscribió en 2011 como complemento al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. El presidente Juan Manuel Santos, dio por cumplido en octubre de 2014 el plan de acción, que entró en vigor en mayo de 2012 y con el que el país se comprometió a mejorar las condiciones laborales, a tomar medidas para reducir la violencia contra los sindicalistas y a combatir la impunidad, a cambio de que el Gobierno del presidente de EE.UU., Barack Obama, enviara el TLC al Congreso para su ratificación. Hechos como el ocurrido anoche en Cartagena contra los líderes sociales y sindicales, refleja que hacer sindicalismo en Colombia sigue siendo una condena a muerte por parte de la extrema derecha e izquierda.
Demandamos del Gobierno Nacional el cumplimiento de sus responsabilidades con las garantías constitucionales de libertad de asociación y sindicalización. Reclamamos de las autoridades competentes eficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones de protección a la vida de los dirigentes sociales y sindicales. Exigimos de la Fiscalía General de la Nación una investigación eficiente que garantice el pronto esclarecimiento de estos hechos que atentan contra la vida de nuestros compañeros de lucha.
A nuestros compañeros, le enviamos un mensaje de solidaridad en estos momentos difíciles. Invitarlos a no desmayar en su válida intención de construir un país mejor.
