Riohacha, 26 de agosto de 2026
Es inaceptable. Hace apenas unos días el país conoció un grave retroceso para la clase obrera: un total de 11 circulares externas que garantizaban y orientaban asuntos cruciales como la estabilidad laboral reforzada, la libertad sindical, el trabajo doméstico, las plataformas digitales, la jornada laboral y la remuneración a destajo, acaban de quedar sin efecto. La nueva ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, ordenó esta preocupante derogación mediante la Resolución 2708 del 20 de agosto de 2026, amparándose en un cuestionable y cínico criterio de “revisión jurídica” y “técnica normativa” sobre las competencias de la entidad. Una justificación técnica que solo busca encubrir una decisión política regresiva.
En la práctica, lo que han hecho es desmantelar las herramientas uniformes con las que los inspectores de trabajo ejercían sus funciones de inspección, vigilancia y control. Esas circulares no eran simples trámites; eran la guía clara que orientaba a empleadores y trabajadores sobre cómo debían aplicarse los derechos contenidos en las leyes y la jurisprudencia.
Este es el primer atentado frontal del nuevo gobierno contra las garantías de los trabajadores. Aunque ahora pretendan matizar el golpe y suavizar el impacto diciendo que “los derechos no desaparecen con la derogatoria”, la realidad es otra. Si supuestamente no afectan a los trabajadores, ¿por qué derogar con tanta urgencia todo un compendio procesal vital? Lo que generan es una profunda incertidumbre en la aplicación de esos derechos. Esas circulares guiaban la ejecución administrativa de mandatos que ya están consagrados en la Constitución, en los convenios internacionales del trabajo, en la ley y en la jurisprudencia. Hoy, los dejan en un limbo operativo.
Si el nuevo gobierno tenía reparos normativos, el camino institucional era demandar las circulares ante los jueces de la República o reemplazarlas por herramientas jurídicas que ampliaran las garantías. Pero no. Optaron por una vía impositiva para complacer las exigencias de los gremios empresariales más retardatarios, hoy empoderados por la agenda de la extrema derecha que nos gobierna.
Para Sintracarbón, la Resolución 2708 de 2026 carece de la debida legitimidad y rigor legal. Se saltaron los procedimientos de concertación social: no fue publicada previamente para observaciones, como exige la norma, ni mucho menos se discutió en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, ignorando el principio de participación que obliga la ley. Esta resolución vulnera el espíritu de la Constitución Política, los convenios de la OIT que forman parte del bloque de constitucionalidad, el Código Sustantivo del Trabajo y las sentencias de unificación de la Corte Constitucional.
Desde la campaña presidencial del señor De la Espriella, su agenda contraria a los intereses de la clase trabajadora era más que previsible. Hoy, en los primeros días de su mandato, nos lo están notificando mediante actos administrativos de espalda al pueblo. Ante esta política de desprotección patronal, a los obreros no nos queda otro camino que la movilización y la confrontación democrática pacífica. Vienen cuatro años de resistencia firme en las calles para defender y salvaguardar nuestras conquistas históricas.
Esta batalla no será exclusiva de la dirigencia sindical. Nos pertenece a todos. Es un llamado urgente a la unidad, incluso para aquellos trabajadores que se dejaron convencer por las promesas y la puesta en escena de un gobierno que hoy demuestra responder únicamente a los intereses del gran capital y de empleadores inescrupulosos.
¡A la calle y a la movilización sindical!
¡Nuestros derechos no se negocian, se defienden!
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
Jaime López García
Presidente
