La Guajira, 4 de febrero de 2021
El presidente del Grupo Prodeco, Xavier Wagner, anunció mediante comunicación interna a los trabajadores que laboran en las minas de carbón a cielo abierto Calenturitas y La Jagua, en el departamento del Cesar, así como a quienes laboran en la sociedad portuaria de Puerto Nuevo, Santa Marta y en la sociedad Ferrocarriles del Norte de Colombia, Fenoco; que han decidido devolver los títulos mineros a la nación y, por tanto, solicitó una autorización de despido colectivo al Ministerio del trabajo.
Sintracarbón rechaza tajantemente esta solicitud y exhorta al Ministerio del Trabajo a denegarla, cumpliendo así la labor social que le asiste: proteger el derecho al trabajo y al ingreso mínimo vital de más de 4.000 familias cesarenses y magdalenenses que devengan su sustento de la explotación minera.
Igualmente, alienta a sus afiliados en el Cesar y el Magdalena, y a los trabajadores en general, para que continuemos librando la lucha para proteger el derecho al trabajo. El sindicato ya ha realizado contactos con la Central Unitaria de Trabajadores – CUT -, con congresistas de la república y con gobernantes locales y regionales que han estado siempre del lado de los trabajadores, para aunar esfuerzos que eviten esta crisis social que el Grupo Prodeco quiere desatar y dejar como famélica herencia, luego de tres décadas de expoliar nuestros recursos naturales y obtener inmensas utilidades, a una región que lo ha dado todo por estas multinacionales.
Sabemos que la situación no es fácil, ya que el Grupo Prodeco lleva varios meses evadiendo las responsabilidades que le asisten como parte firmante de la explotación de los títulos mineros, pero les pedimos a todas y todos los trabajadores que no se precipiten a aceptar los planes de retiro voluntario que estas compañías quieren vender como panacea, eso solo es pan para hoy y hambre para mañana. Este PRV, lo han hecho de manera precipitada y con un brevísimo plazo, solo 7 días, con el único fin de jugar con la desesperación del obrero.
El Gobierno Nacional, en cabeza de Iván Duque Márquez, está en la obligación de garantizar la continuidad de la operación minera en estas zonas de la región Caribe y proteger así los trabajos que sustentan a más de 20.000 habitantes. Ayer nos vendieron la actividad minera como una de las grandes locomotoras que jalonarían el progreso nacional, no puede ser que ahora, que la situación del carbón se pone más complicada en los mercados internacionales, quienes tengan que pagar esos malos cálculos sean las familias que han entregado su vida y su salud para que extranjeros aumentaran sus fortunas.
La minería fue una de las actividades que el Gobierno Nacional declaró como de interés público durante la pandemia, según él, por ser de vital importancia para la economía del país. Es hora entonces de que esa importancia se vea reflejada, tomando medidas económicas, financieras, industriales y sociales adecuadas, para darle continuidad a la actividad minera, dejando de lado el mezquino ánimo de lucro de las multinacionales y sosteniéndolas como soporte social y económico de la región, así como de plataforma económica para adelantar adecuadamente, en una cantidad prudente de años, una transición justa a otras formas de producción energética o a una reconversión ecológica de la región que mitigue los impactos generados por la minería, actividades que podrían absorber a la masa trabajadora que hoy ve en riesgo sus ingresos, su sustento y su vida.
Solo la lucha unificada de las y los trabajadores, el sindicato, las centrales obreras y las fuerzas vivas de la sociedades cesarenses y magdalenenses, podrán contrarrestar estas medidas precipitadas e irresponsables del Grupo Prodeco, como lo han hecho grupos sociales en otras partes del planeta donde las multinacionales han pretendido hacer pagar a las comunidades la crisis de las energías no renovables.
Hemos generado mucha riqueza y hemos entregado una gran parte de nuestra salud y nuestra vida como para aceptar mansamente una propuesta a todas luces catastrófica y que lo único que generará será más pobreza y sufrimiento para las comunidades que han tenido que vivir con la actividad minera impuesta por el Estado colombiano y las multinacionales.
Solo juntos, saldremos adelante.
¡La lucha continúa!
Junta Directiva Nacional
Sintracarbón
Igor Díaz López
Presidente
