Comunicado – 09072020 – La Jagua de Ibirico
El día de ayer, los presidentes de nuestra seccional La Jagua y de Sintramienergética Seccionales la Jagua y Becerril, anunciaron su firme voluntad de unificar acciones para adelantar las medidas legales y políticas necesarias que impidan que la Agencia Nacional de Minería acepte la irresponsable pretensión de Prodeco-Glencore de cerrar temporalmente la operación en las minas Calenturitas y La Jagua, una decisión desastrosa para las y los trabajadores, sus familias y las comunidades del departamento del Cesar en general.
La intención de la multinacional Prodeco-Glencore, la más sancionada internacionalmente por sus prácticas antilaborales, no solo es irresponsable, sino profundamente desigual y discriminatoria, ya que mientras pone en riesgo la poca estabilidad económica de las empobrecidas comunidades y sus trabajadores, mantiene con todas las garantías laborales, a los empleados administrativos y directivos. En plena pandemia, son ellos quienes cuentan con mejores garantías de salubridad, acceso a centros de salud y además no han estado expuestos al riesgo que implica el trabajo con el polvillo del carbón.
El mensaje conjunto de nuestras organizaciones a toda la comunidad del corredor carbonero del Cesar, es que daremos una lucha frontal para exigir a estas concesionarias multinacionales, que han explotado nuestros recursos naturales no renovables con grandes ganancias y mínimas retribuciones a la Nación, una verdadera corresponsabilidad con la recuperación integral del país y, sobre todo, de las comunidades que han vendido durante décadas su fuerza laboral, para que ellas llenen los bolsillos de los accionistas internacionales.
Resulta también bastante curioso que la compañía Glencore tome esta determinación en momentos en que el precio internacional del carbón ha comenzado nuevamente a repuntar, tras las caídas de los meses de mayo y junio, precipitadas por la práctica parálisis económica mundial.
Las organizaciones sindicales Sintracarbón y Sintramienergética hacen un enérgico llamado a la Agencia Nacional de Minería a considerar el verdadero contexto de la operación carbonera en el Cesar, a valorar juiciosamente los resultados de estas minas y a proteger los derechos de las y los obreros mineros, sus familias y las comunidades vecinas.
Hacemos también un llamado a los congresistas para que ejerzan un responsable y juicioso control político a esta decisión que sin duda, pondrá en situación de hambre al departamento del Cesar, con las consecuencias en el detrimento de las condiciones sociales que esta conlleva.
Igor Kareld Díaz López
Presidente JDN
palante compañeros