Comunicados

Carta abierta de los exmineros de la industria del carbón y pensionados por invalidez, perseguidos por Colpensiones

Valledupar, Riohacha, Santa Marta y Barranquilla, 17 de enero de 2023

Doctor
JAIME DUSSÁN CALDERÓN
Presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones ─ COLPENSIONES
ESD

Asunto: Carta abierta de los exmineros de la industria del carbón y pensionados por invalidez, perseguidos por Colpensiones

Respetado Presidente:

Hoy, de nuevo, estamos levantando la voz para ser escuchados pero esta vez por usted, en su condición de presidente de Colpensiones. Quienes hoy hacemos presencia en las instalaciones de Colpensiones de cuatro ciudades de la costa, somos víctimas de una criminal persecución, contra quienes nos pensionamos por invalidez, luego de haber trabajado 10, 20, 30 o más años, para las tres mineras de carbón más grandes del país, esto es, las transnacionales Cerrejón, Drummond y Prodeco.

La minería de carbón, como se sabe es una actividad de alto riesgo para la salud y la vida. No hay un solo minero, ni uno, que no arrastre, más temprano que tarde, enfermedades derivadas de las jornadas extenuantes, el mal descanso, el estrés de la producción, los turnos nocturnos, las vibraciones de las maquinarias, el polvillo del carbón o la sílice cristalina, el ruido, la intemperie y las altas temperaturas, entre otras.

Por ello, nada raro es que detrás de la multimillonaria producción de carbón, esté toda una masa de seres humanos afectados en su salud y en su calidad de vida. Quedar inválidos para trabajar, después de ser mineros no es nada exótico. Lo malo es que el Estado, representado esta vez por Colpensiones, la institución llamada a protegernos como individuos de especial protección constitucional nos mira como sospechosos, adversarios y enemigos. Hoy para Colpensiones solo somos estadísticas, cuadros de Excel y falsas cifras de recuperación de recursos del sistema del sistema de pensiones.  

Los poderosos de Colpensiones, no se han detenido a pensar que 281 exmineros pensionados, inválidos y revocados, y sus familias están pasando trabajos. Estamos sin pensión de invalidez, sin mínimo vital, pasando física hambre, muchos sin seguridad social y con las enfermedades agravadas. Algunos han muerto. Y, para más infortunio, denunciados en la Fiscalía General de la Nación como delincuentes y otros demandados ante la justicia contenciosa administrativa para que devolvamos las mesadas que merecidamente recibimos en el pasado. El estigma social nos persigue y aísla; para el imaginario colectivo solo somos bandidos del “cartel de los locos” o de la “operación frenocomio”, remoquetes mediáticos que nos ha condenado a la ignominia.

A Colpensiones no le discutimos sus facultades de ley para proteger los recursos de la seguridad social. Eso es su obligación. Pero las dificultades comienzan cuando desbordan esas facultades y se olvidan que somos la parte débil de la relación AFP-pensionado y no un adversario a vencer, en un proceso de revocatoria directa donde ellos son investigadores, contraparte y juzgadores. Lo decimos, porque primero aparece una denuncia anónima cuyo contenido nunca conocemos. Acto seguido, a hurtadillas y sin nuestro conocimiento, le envían nuestras historias clínicas ─reservadas por ley─, a un tercero que emite un nuevo dictamen de calificación o peritaje del cual no participamos, ni se nos da la oportunidad de aportar pruebas ni de controvertir, como reza el debido proceso de calificación. 

Con fundamento en ese espurio dictamen de calificación, aperturan lo que ellos denominan una investigación administrativa especial y nos llaman a rendir descargos, bajo el supuesto del respeto al debido proceso. Pero argumentemos lo que queramos, ya el formato de cierre de la investigación está pre-elaborado y solo le cambian el nombre y el número de cédula. Quien se lea un solo auto de cierre de la investigación, no tiene para que leerse los demás, pues todos tienen el mismo texto en las partes motiva y resolutoria. Igual ocurre entonces, con las decisiones revocatorias de primera y segunda instancia. Todo aquel al que le abren una investigación resulta revocado.  

El asunto, es que todo el proceso de revocatoria inicia y termina sin mayor sustento probatorio, con vicios de fondo y de forma, sin valorar los criterios de la defensa y, sobre todo, revocan por fraude, pero sin hacer el esfuerzo de probarlo. En este proceso de revocatoria se voltea la presunción de inocencia constitucional: es a nosotros a quienes nos toca demostrar que somos inocentes, pues en ningún momento Colpensiones demuestra que somos culpables. Y aunque demostremos la inocencia, nada vale. Al final, terminamos siendo expulsados del sistema de pensiones por leves indicios, titulares de prensa, sospechas, correveidiles, corazonadas y presunciones.     

Tanto la Resoluciones 555/2015 y 016/2020 de Colpensiones, así como la sentencia SU-182-19 de la Corte Constitucional avalan la revocatorias directas de pensiones fraudulentas, pero cuando haya motivos reales, objetivos, trascendentes, y verificables, que pudieran enmarcarse en un comportamiento criminal. Es decir que el estándar probatorio tiene que ser altísimo para llegar a una conclusión tan drástica, tal cual es, revocar una pensión a un inválido o a un viejo. Las “pruebas” de Colpensiones, se limitan a que hayamos sido trabajadores de las multinacionales Cerrejón, Drummond y Prodeco; ser denunciados anónimamente, y un dictamen médico pericial o concepto técnico (como prefieren llamarlo), hecho a escondidas del pensionado. Dictamen que entre otras cosas nunca habla de fraude, sino de “sobreestimación” de la calificación de pérdida de capacidad laboral. Para la AFP, toda sobreestimación es fraude per se, y no meras diferencias entre médicos calificadores que no prueban fraude alguno. 

Todos estos argumentos los conocen en la alta dirección de Colpensiones. Además de los escritos de defensa que se hacen llegar en cada caso, los líderes sindicales y de los pensionados, hemos llevado nuestra voz ante ellos, desde mediados de 2021 pero solo hasta finales del año pasado, hemos podido dar la discusión técnica, a instancias de la Procuraduría Delegada para asuntos de la seguridad social.

Se instaló un plan piloto con 20 casos de pensionados inválidos revocados. Nos hicimos representar por profesionales del derecho y la medicina laboral, cuya experticia es reconocida a nivel nacional. Caso a caso, se les ha demostrado las deficiencias e inconsistencias formales y sustanciales de los dictámenes o conceptos proferidos por terceros contratados por Colpensiones, que fueron las pruebas principales en que se fundamentaron las revocatorias directas. El asunto es que nuestra voz, representada por expertos, se sigue ahogando en la obstinación, insensibilidad, ritualidades y parsimonia de los altos directivos de la administradora. Apenas, a regañadientes, han acogido parcialmente las observaciones que se les evidenció buscaron de nuevo a la misma firma de calificadores (Gestar Innovación) a que revisara las observaciones y las conclusiones no nos fueron entregadas.

Que el mismo tercero que indujo al error a Colpensiones, sea quien revise sus propios actos o los de otro tercero que también pecó de lo mismo, es, por decir lo menos, un craso engaño al pensionado inválido revocado. Lo otro que nos exaspera es la lentitud. A este ritmo, nos matará el hambre y las patologías que padecemos antes de ver una solución de 800 casos en investigación, 281 ya revocados.  

De ahí, respetado Dr. Dussán, que recurrimos ante usted. La protesta de hoy, es solo una consecuencia del desespero, de la injusticia cometida, de la ignominia inmerecida. Pedimos que usted impulse el plan piloto y lo que sea necesario, para que nos restablezcan la pensión a quienes ya nos revocaron y que cese la persecución contra los que aún están investigados. Que se nos haga justicia. Que Colpensiones, revise lo que considere, pero con el tamiz del debido proceso real. Las herramientas están en la ley. Pero que lo haga ya, pues cada día que pasa apaga nuestras vidas.

Por favor, escuche a nuestros líderes que son nuestra voz. Programe un encuentro pronto, en que podamos sustentar en detalle lo que en esta comunicación estamos diciendo. Sería un gesto de paz del Estado hacía sus administrados en debilidad manifiesta. Que por el fin cese el atropello al que nos han sometido.  

Quedamos atentos a su respuesta,

Firman:

  • Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria del Carbón ­─ Sintracarbón
  • Asociación de Pensionados del Cerrejón─ Asopcerrejón
  • Movimiento Nacional de Pensionados de Colombia ­─ Monpeco
  • Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustibles y Energética ─ Sintraminergética­
  • Asociación de Pensionados y Jubilados de Drummond ­─ Asopendrummond

Copia a:

Dra. Aida Avella, Senadora de la República
Dra. Gloria Inés Ramírez, Ministra de Trabajo
Dra. Flor Salazar Guatibonza, Viceministra de empleo y pensiones del Ministerio de Trabajo
Dr. Edwin Palma Egea, Viceministro de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo
Dra. Diana Margarita Ojeda, Procuradora delegada para la Salud, Seguridad Social y Trabajo Decente 

Aquí puede descargar la carta en formato PDF.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.