Riohacha, 9 de noviembre de 2022
Honorables congresistas:
ROY BARRERAS MONTEALEGRE
Presidente del Congreso de la República
IMELDA DAZA COTES
Senadora de la República
MARTHA PERALTA EPIAYÚ
Senadora de la República
ALFREDO DELUQUE ZULETA
Senador de la República
OMAR RESTREPO CORREA
Senador de la República
CARMEN RAMÍREZ BOSCÁN
Representante a la Cámara
GERMÁN GÓMEZ LÓPEZ
Representante a la Cámara
JORGE CERCHIARO FIGUEROA
Representante a la Cámara
JUAN L. GÓMEZ SOTO
Representante a la Cámara
Respetados, señores congresistas:
En el día de hoy, los pensionados por invalidez de Colpensiones, que en otrora fuimos trabajadores de las empresas de la gran minería de carbón, Cerrejón (Glencore), Drummond y Prodeco (Glencore), estamos elevando nuestra voz de protesta por la persecución que ha emprendido administradora estatal de fondo de pensiones.
Como respaldo a estas acciones, elevamos una comunicación al señor Presidente de la República, Dr. Gustavo Petro Urrego, con copia al Ministerio de Trabajo, así como a miembros del Congreso de Colombia.
La ayuda que invocamos del presidente, también se la trasladamos a ustedes. Es un tema urgente, que exigimos humildemente se le de pronta solución. Es la defensa del mínimo vital de cientos de familias que dependen de una pensión de invalidez.
Anexamos la comunicación,
Con todo respeto,
- Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria del Carbón ─ Sintracarbón
- Asociación de Pensionados del Cerrejón─ Asopcerrejón
- Movimiento Nacional de Pensionados de Colombia ─ Monpeco
- Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustibles y Energética ─ Sintraminergética
- Asociación de Pensionados y Jubilados de Drummond ─ Asopendrummon
9 de noviembre de 2022
Señor
GUSTAVO PETRO URREGO
Presidente de la República de Colombia
Respetado y estimado compañero Presidente:
La protesta de hoy es para pedir su auxilio, ante la persecución que nos declaró Colpensiones, a quienes nos pensionamos por invalidez, luego de haber trabajado 10, 20, 30 o más años, para las tres mineras de carbón más grandes del país, esto es, las transnacionales Cerrejón, Drummond y Prodeco. La minería de carbón, como se sabe es una actividad de alto riesgo para la salud y la vida. No hay un solo minero, ni uno, que no arrastre, más temprano que tarde, enfermedades derivadas las jornadas extenuantes, el poco descanso, el estrés, los turnos nocturnos, las vibraciones de las maquinarias, el polvillo del carbón o la sílice cristalina, de las altas temperaturas, entre otras.
Por ello, nada raro es que detrás de la multimillonaria producción de carbón, estén una estela de seres humanos afectados en su salud y en su expectativa de vida. Por lo menos nosotros alcanzamos a salir con vida, pero inválidos. Lo malo es que el Estado, representado esta vez por Colpensiones, la institución que primero debería protegernos como individuos de especial protección constitucional, nos mira como adversarios. Hoy, compañero Presidente Petro, solo somos estadísticas de revocados y de falsa recuperación de recursos de la seguridad social. Ha hecho carrera en el imaginario colectivo, que una caterva de bandidos que acudimos a un presunto fraude para que nos reconocieran la pensión.
Debemos decirle desde ahora, que tenemos nuestra conciencia tranquila. Solo somos víctimas del abuso de poder de la cúpula de Colpensiones. Somos chivos expiatorios del anterior gobierno. Para esta entidad, hoy todavía de actitud produquista, solo somos “los hijueputas mineros esos”, tal como peyorativamente nos describía el reconocido militante del Centro Democrático, ya fallecido, alias Neñe Hernández, en conversaciones grabadas con otra reconocida activista de ese partido, en que se evidenciaron las tramoyas para financiar la entonces campaña presidencial de 2018 de Iván Duque, con recursos de dudosa procedencia. El Ñeñe predijo que vendrían represalias contra nosotros por haber apoyado en ese entonces a Gustavo Petro: Colpensiones fue la herramienta de venganza del gobierno Duque.
Esta no es una protesta más, señor presidente. Quienes aquí protestamos, estamos revocados o ad portas de serlo. Esto incluye a huérfanos y viudas de fallecidos pensionados inválidos. Nuestra condición de enfermos, nos impide volver a trabajar y ganarnos un sustento para nosotros y nuestras familias. La administradora de pensiones estatal, nos mata de hambre, nos deja sin seguridad social; nos condena a la ignominia, al escarnio público, al estigma. La prensa injustamente nos agrupa en el “cartel de los locos”. La Fiscalía duquista, nos persigue y nos amenaza con quitarnos los bienes, que muchas veces solo es la vivienda familiar.
A Colpensiones le reconocemos sus facultades de ley para cuidar de los avivatos los recursos de la seguridad social. En ello estamos de acuerdo. Pero, sépase, que nosotros no lo somos. Créanos, que en nuestros casos hay una evidente vulneración del debido proceso, porque primero aparece una denuncia anónima cuyo contenido nunca conocemos. Acto seguido, a hurtadillas y sin nuestro conocimiento, le envían nuestras historias clínicas ─reservadas por ley─, a un tercero que emite un nuevo dictamen de calificación del cual no participamos, ni se nos da la oportunidad de aportar pruebas ni de controvertir, como reza el debido proceso de calificación, consagrado, entre otros, en el Decreto 19 de 2012, artículo 142, que modificó la Ley 100 de 1993, en su artículo 41.
Con fundamento en ese espurio dictamen de calificación, abren lo que ellos denominan una investigación administrativa especial y nos llaman a rendir descargos, bajo el supuesto del respeto al debido proceso. Pero argumentemos lo que queramos, ya el formato de cierre de la investigación está pre-elaborado y solo le cambian el nombre y el número de cédula. Quien se lea un solo auto de cierre de la investigación, no tiene para que leerse los demás, pues todos tienen el mismo texto en las partes motiva y resolutoria. Igual ocurre entonces, con las decisiones revocatorias de primera y segunda instancia. Todo investigado es revocado.
El asunto, es que la decisión revocatoria no tiene sustento probatorio. En este proceso de revocatoria se voltea la presunción de inocencia constitucional: es a nosotros a quienes nos toca demostrar que somos inocentes, pues en ningún momento Colpensiones demuestra que somos culpables. Al final, terminamos siendo expulsados del sistema de pensiones por leves indicios, sospechas, corazonadas y presunciones. En otras palabras, Colpensiones nos revoca por cometer fraude, pero no lo prueba.
Tanto la Resoluciones 555/2015 y 016/2020, así como la sentencia SU-182-19 de la Corte Constitucional avalan la revocatorias directas de pensiones fraudulentas, cuando haya motivos reales, objetivos, trascendentes, y verificables, que pudieran enmarcarse en un comportamiento criminal. Es decir que el estándar probatorio tiene que ser altísimo para llegar a una conclusión tan drástica, tal cual es, revocar una pensión a un inválido o a un viejo. Las “pruebas” de Colpensiones, se limitan a que hayamos sido trabajadores de las multinacionales Cerrejón, Drummond y Prodeco; ser denunciados anónimamente, y un dictamen médico pericial hecho a escondidas del pensionado. Dictamen que entre otras cosas nunca habla de fraude, sino de “sobreestimación” de la calificación de pérdida de capacidad laboral. Es decir, meras diferencias de criterios médicos que no prueba fraude alguno.
Todos estos argumentos los conocen en la alta dirección de Colpensiones. A través de nuestros líderes nos hemos sentado en mesas de trabajo con el anterior presidente de esa entidad y sus gerentes, incluido el de una dependencia denominada pomposamente “de prevención del fraude”, dirigida por un general (r) de la Policía Nacional y no por un médico o un profesional de mejor perfil para detectar, técnica y objetivamente, si una pensión es fraudulenta o no. Frente a la cúpula de Colpensiones, nuestra voz se ahogó frente a la actitud revanchista de ésta.
Es por eso, doctor Petro, que su llegada a la Presidencia de la República es una esperanza para nosotros. De usted, no esperamos que alcahuetee a quienes hayan accedido, a una pensión de invalidez con base en la corrupción ─si es que ocurrió─. No, esa nunca será nuestra intención, pues fuimos trabajadores honestos, íntegros y así somos todavía cuando ya no podemos trabajar por nuestra condición de salud.
De la AFP estatal Colpensiones, solo exigimos un cambio de actitud hacia nosotros. Que no nos vea como adversarios. Que nos mire como la parte débil de la relación AFP-Pensionado, como lo dice la doctrina de la seguridad social. Que simplemente revise nuestro estado de invalidez, con los cánones establecidos en la normatividad vigente, en especial en el artículo 44 de la Ley 100/93. Estamos listos, para ser revisados. Que solo revoque por fraude, cuando pueda probarlo.
Esperamos su respuesta, compañero Presidente. Es urgente. Hoy hay mucha gente pasando física hambre, mayormente afectado en su salud y tranquilidad y hasta muriendo por esta situación. Mientras tanto, Colpensiones solo muestra paretos y mentirosas estadísticas.
Con profundo sentimiento de aprecio,
Firman:
- Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria del Carbón ─ Sintracarbón
- Asociación de Pensionados del Cerrejón─ Asopcerrejón
- Movimiento Nacional de Pensionados de Colombia ─ Monpeco
- Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustibles y Energética ─ Sintraminergética
- Asociación de Pensionados y Jubilados de Drummond ─ Asopendrummond
Copia a:
Dra. Aida Avella, Senadora de la República
Dra. Gloria Inés Ramírez, Ministra de Trabajo
Dr. Edwin Palma, Viceministro de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo
