Mediante carta fechada el pasado 5 de febrero y radicada hoy, lunes 8, las y los senadores de oposición Victoria Sandino, Jesún Alberto Castilla Salazar, Iván Cepeda Castro, Antonio Sanguino Páez, Feliciano Valencia, Gustavo Bolívar, Alexánder López y Jose Aulo Polo Narváez; solicitaron urgente atención al Gobierno Nacional y al Ministerio del Trabajo en Particular, denegar la solicitud de despido colectivo radicada por la multinacional Prodeco, tras su anuncio de renunciar al título minero que compromete la operación de las minas La Jagua y Calenturitas en el Cesar, la Sociedad Portuaria de Puerto Nuevo en Santa Marta y la sociedad de Ferrocarriles del Norte de Colombia, Fenoco; solicitud que dejaría sin ingresos a más de 4.000 familias de la región caribe colombiana.
Sintracarbón agradece profundamente a las y los senadores por poner su foco de atención en parar esta grave crisis social que se avecina y se une a su voz, para demandar del Gobierno Nacional, plena atención y recursos para evitar dejar sin ingresos a los y las compañeras y evitar que la región sufra por una crisis que ha debido ser manejada con más prudencia y previsión, tanto por parte de las multinacionales, como por parte de los entes gubernamentales.
Este es el texto de la carta:
Bogotá D.C.05 de Febrero de 2021
Doctor Ángel Custodio Cabrera Báez
Ministro de Trabajo
solicitudinformacion@mintrabajo.gov.co
Reciba un respetuoso saludo
El 4 de febrero del año en curso la empresa PRODECO S.A. dio a conocer su decisión sobre la entrega total de los títulos mineros otorgados en concesión en el Departamento del César, que comprenden actividades en la mina calenturitas y la Jagua, además de la operación ferroviaria y portuaria; con preocupación conocimos la decisión acompañada de una solicitud al Ministerio de Trabajo, con el fin de autorizar el despido colectivo de las y los trabajadores debido a la clausura definitiva de labores por parte de la empresa.
La situación que hoy afecta a las comunidades aledañas a la mina y a los trabajadores, ha sido denunciada y alertada desde hace varios años, sin que el gobierno haya realizado las acciones pertinentes y en debido tiempo para garantizar la economía del Caribe colombiano, ya que como se advirtió, la explotación carbonífera es en esencia una economía de enclave, que no permite la diversificación de actividades económicas y genera una fuerte dependencia agudizada por la ausencia Estatal en el territorio y el vacío fiscal que generará la pérdida de regalías.
La autorización de despido colectivo por parte del Ministerio de Trabajo representaría la pérdida de aproximadamente 1600 puestos de trabajo, sin contar los aproximadamente 2.500 trabajadores tercerizados que como consecuencia de la emergencia sanitaria por el COVID -19 no están laborando actualmente; situación que de darse sin un escenario de concertación y diálogo nacional para la transición justa, sumergiría en una profunda crisis económica a la región.
Es por esto que solicitamos al gobierno nacional y en especial al Ministerio de Trabajo niegue la solicitud, y asista a la invitación que realizamos desde el Congreso de la República en el papel de garantes, a participar en un diálogo de carácter nacional, para concertar y construir la ruta de una transición democrática y justa, toda vez que el retiro de la empresa, no puede reducirse únicamente en ayudas sociales pasajeras y efímeras en el tiempo, sino que debe trascender a una responsabilidad pública del Estado y de la empresa, en donde el proceso de descarbonización sea planeado.
Cabe destacar que la transición democrática y justa no sólo transita por un deber, sino que hace parte de las obligaciones aceptadas por el Estado Colombiano en el Acuerdo de París y del acatamiento de las directrices expedidas por la OIT en el año 2015:
“1 La ecologización de las economías requiere una combinación coherente de políticas macroeconómicas, industriales, sectoriales y laborales específicas para cada país. El objetivo es la creación de trabajo decente en toda la cadena de suministro con oportunidades de empleo a gran escala.
2 Dado que este proceso afecta a diversos ámbitos, es necesario integrar el desarrollo sostenible en todas las esferas de políticas de manera coherente. Las disposiciones institucionales se deben adaptar de modo que quede garantizada la participación de todos los interesados pertinentes a todos los niveles en la constitución de un marco político apropiado.
Los gobiernos deberían:(a) ofrecer un marco político coherente y estable para el desarrollo empresarial sostenible y el trabajo decente para todos, y (b) promover y participar activamente en el diálogo social, en todas las etapas del proceso, desde la fase de formulación de políticas hasta la ejecución y evaluación, y hacerlo en todos los niveles, desde el nacional hasta el nivel de la empresa, en consonancia con las normas internacionales del trabajo.
Los interlocutores sociales deberían:(a) promover la sensibilización de sus miembros y guiarlos en cuanto al marco para una transición justa;(b) desempeñar un papel activo en la formulación, la aplicación y el seguimiento de las políticas nacionales de desarrollo sostenible;(c) fomentar la participación activa de sus miembros en el diálogo social a todos los niveles, y (d) propiciar la incorporación de disposiciones ambientales a través de la negociación colectiva a todos los niveles.” (1)
Sin duda alguna, el sector carbonífero se ve enfrentado a un efecto dominó a partir de la decisión de PRODECO S.A. y los cambios energéticos mundiales, por tanto es deber del gobierno nacional preparar todas las garantías políticas (2)para proteger los derechos fundamentales de los y las habitantes de las zonas explotadas y de las y los trabajadores, precisando que los trabajos perdidos superarían los 1.600 toda vez que todas las instalaciones de servicios, hotelería, turismo, restaurantes, entre otras, giran alrededor de la producción de la mina.
Por ultimo le solicitamos de manera respetuosa y de conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Ley 5ª de 1992, que habilita a los Senadores y Representantes a solicitar cualquier información en ejercicio del Control Político que corresponde adelantar al Congreso de La República, copia íntegra de la solicitud presentada por PRODECO S.A., para la autorización de despido colectivo, adjuntando la descripción actualizada de la planta de personal indicando cargo, asignación mensual, fecha de ingreso, tiempo de servicio, edad, tipo de contrato, ubicación del cargo dentro de la empresa, así mismo informe de los pasivos pensionales y laborales de la empresa, como también un listado de la cantidad de trabajadores tercerizados que tenía la empresa PRODECO S.A. antes de la pandemia, es decir antes de febrero de 2020.
La respuesta a la presente petición puede ser remitida mediante correo electrónico a las direcciones utl.albertocastilla@gmail.com , gustavo.bolivar@senado.gov.co , ivancepedacongresista@gmail.com , antonio.sanguino@senado.gov.co , feliciano.valencia@senado.gov.co y/o por correo físico a las instalaciones del Congreso de La República, ubicadas en la Carrera 7 N° 8 – 68, oficina 525B y 416. Agradeciendo su amable atención.
Cordialmente,
Notas de pie de página: (1) (Reconociendo que el trabajo decente, la erradicación de la pobreza y la sostenibilidad ambiental son tres de los desafíos definitorios del siglo XXI, la OIT adoptó el marco de transición justa y lanzó la “Iniciativa verde del centenario” en la 102ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en 2013. Partiendo de estos cimientos y tras la Reunión tripartita de expertos sobre desarrollo sostenible, trabajo decente y empleos verdes celebrada en 2015, el Consejo de Administración de la OIT refrendó las Directrices OIT (OIT 2015).
(2) (Directrices OIT: “Dado que este proceso afecta a diversos ámbitos, es necesario integrar el desarrollo sostenible en todas las esferas y en la cooperación y la coordinación entre las autoridades encargadas del trabajo y sus homólogos en diferentes ámbitos, con inclusión de las finanzas, la planificación, el medio ambiente, la energía, el transporte, la salud y el desarrollo económico y social. Las disposiciones institucionales se deben adaptar de modo que quede garantizada la participación de todos los interesados pertinentes a nivel internacional, nacional, regional, sectorial y local en la constitución de un marco de políticas apropiado”.)
