El agua del Río Ranchería ya está privatizada, es de la mina de carbón, fue desviado con una decisión criminal, violatoria de los Derechos Humanos del pueblo costeño.
A la orilla de las carreteras y caminos guajiros, el viajero encuentra botellas plásticas colgadas en las cercas, un poco más afuera del rancho, es la oferta de gasolina venezolana de contrabando, un lenguaje gráfico que habla de una de las fuentes del «rebusque» para la supervivencia. Hacia adentro del corral, están los chivos, que caminan sin señales de agotamiento, bajo el sol que sólo reduce intensidad cuando dan las cinco de la tarde.
En lo que va de 2016 ya están registrados 14 niños wayuu muertos como consecuencia de los estragos del hambre en el organismo. Es posible, explica un joven médico, que tengan el estómago lleno, pero de yuca cocida, harinas y arepas, nada de proteínas, es el hambre calórica de la que nos dejó una magistral definición el economista y científico brasileño Josué de Castro, autor del término «subdesarrollo», en «El Libro Negro del Hambre».
Javier Rojas, el joven wayuu líder que hizo las más sonadas denuncias sobre corrupción en el manejo de los recursos del ICBF en La Guajira, y que además logró que el CIDH dictara medidas cautelares para el gobierno colombiano en el caso de la muerte de niños, alertó por las maniobras que el Estado está haciendo en Riohacha y varias rancherías, con la entrega de carrotanques y mercaditos, con lo que creen cumplir con el pueblo guajiro.
«El Estado trata de quitarse de encima las medidas cautelares del CIDH y además de tomarse la foto para los medios», dijo Rojas.
