Riohacha, 28 de octubre de 2026
Son las cuatro de la mañana y los trabajadores ya están en pie. Uno de ellos besa a sus hijas dormidas y se sube a la ruta que lo lleva al tajo en la mina. Lleva veinte años haciendo lo mismo. Gracias a los beneficios de la convención colectiva logró su contrato a término indefinido, su préstamo de vivienda y los estudios universitarios de sus hijas. Lo que no sabe es que, mientras él opera su camión, en las oficinas se está decidiendo, pieza por pieza, cuánto le va a deber la empresa el día que cierre la mina.
Cerrejón anunció que cerrará en febrero de 2034. Al mismo tiempo, su presidente, Edgar Alfonso, anunció posibilidades en septiembre de que la producción podría subir de 17 millones de toneladas este año a 20 millones en 2027, con anuncios de más empleo y más regalías.
Más carbón, pero menos trabajadores directos. Esa contradicción tiene una explicación. Lo que estamos viendo no son hechos sueltos: para nosotros, es el desarrollo sistemático de una estrategia de reducción gradual de la responsabilidad contractual. Es decir, llegar al cierre con la menor cantidad posible de trabajadores a cargo, de obligaciones convencionales y de deudas laborales. Un cierre por goteo, que no se anuncia: se ejecuta.
Esta es la estrategia, contada con las cifras de la propia empresa y con los registros de nuestro sindicato.
Según información de la empresa Cerrejón, en 2024 vinculó 918 trabajadores directos guajiros. En 2025 la cifra cayó a 201. Y entre enero y julio de 2026 apenas entraron 66. Detrás de cada número que se borra hay una familia que se quedó esperando.
Y en 2026, ni un solo aprendiz SENA. En 2024 había 311 jóvenes. Esa era la puerta por la que el hijo del operador de Barrancas, la muchacha de Albania o el joven de una ranchería de Uribia llegaban al oficio. Hoy está cerrada. Y el que no entra hoy, no tendrá convención, ni antigüedad, ni derechos que reclamar mañana.
La mina sigue produciendo, y va a producir más. ¿Quién hace entonces el trabajo?
Según información de la empresa Cerrejón, su listado oficial registra 525 contratos vigentes con 380 empresas contratistas, incluidos contratos de mantenimiento de equipos, reparación de palas y operación en tajo: labores propias y permanentes de la mina. En la comisión de cierre de junio de 2026, la propia empresa reconoció que desmontó áreas como el taller sur-sur, trasladando trabajadores y tercerizando.
Y cuando se le preguntó cuántos guajiros trabajan en toda la operación, Cerrejón respondió que sus contratistas son “empresas autónomas, diferentes e independientes”. Ese es el corazón de la estrategia: el trabajo se queda en la mina, pero la responsabilidad se va con el contratista.
Al que ya está adentro, la presión no le da tregua. Entre enero y octubre de 2026, SINTRACARBÓN acompañó 187 diligencias de descargos: entre 15 y 23 cada mes, sin un solo mes de alivio. De ahí salieron 106 suspensiones y 8 despidos.
La mayoría de los cargos nacen de cámaras, sensores y sistemas. Y ya hay compañeros despedidos por acumular varias suspensiones en menos de un año.
Un dato lo dice todo: de las sanciones que el sindicato apeló y ya fueron resueltas, más de la mitad (52%) tuvo que ser modificada. La empresa sanciona de más. Y un historial lleno de sanciones es el camino más corto hacia un despido sin indemnización.
Y al que se queda, le frenan el ascenso. El Plan de Desarrollo Individual que pactó la convención para que el trabajador progrese y gane más está bloqueado: y compañeros con restricciones médicas llevan meses con la reclasificación congelada. Sin renegociar una sola cláusula, la empresa paga menos de lo pactado.
La denuncia más dolorosa viene de los compañeros enfermos. Varios trabajadores nos han contado que los médicos del plan de medicina prepagada Colsanitas, que Cerrejón contrata para ellos, les dicen que tienen restricciones para ordenar remisiones a especialistas, incapacidades y tratamientos. Hemos recibido testimonios en el mismo sentido sobre la EPS Sanitas y la ARL Positiva. En uno de los casos que acompañamos, el plan pidió la historia clínica de un trabajador a su médico tratante, y al día siguiente el área médica de la empresa lo llamó a preguntarle por sus tratamientos.
Un trabajador al que no remiten ni incapacitan a tiempo se enferma más, no logra demostrar el origen laboral de su enfermedad. Cada enfermedad laboral que no se reconoce es una responsabilidad que la empresa no asume. La ley es clara: el médico decide con autonomía (Ley 1751 de 2015, artículo 17) y la historia clínica es reservada.
¿Por qué decimos que es una estrategia? Porque todo ocurre al mismo tiempo, en la misma empresa, y todo apunta en la misma dirección. Si entra menos gente, hay menos trabajadores a cargo. Si el trabajo pasa a terceros, la responsabilidad se va con él. Si la gente sale por la vía disciplinaria, se va sin indemnización ni plan de retiro. Si el que se queda progresa menos, la nómina cuesta menos. Y si el que se enferma encuentra trabas para curarse, la enfermedad laboral no se reconoce y no hay a quién cobrársela.
Y todo esto ocurre mientras la empresa misma admite que el cierre progresivo ya está en marcha. El plan de cierre que tiene radicado, de unas 150 páginas, les dedica a los trabajadores una sola frase: que la reconversión laboral “iniciará en 2029”. Para la tierra y los taludes hay estudios de ingeniería pensados para la eternidad. Para la gente, una línea.
Cuando llegue 2034, la cuenta será sencilla: menos trabajadores amparados por la convención, menor antigüedad reconocida, menos enfermedades laborales calificadas y menos obligaciones que pagar. Eso es un cierre por goteo.
SINTRACARBÓN ha negociado 18 convenciones colectivas. Con ellas se conquistaron salud, estudios universitarios, préstamos de vivienda, bonos por retiro para pensión e incrementos salariales. Nada de eso fue un regalo: fue lucha. Gracias a ella, miles de familias guajiras tienen techo propio, hijos profesionales y una vejez digna.
Cada puesto que pasa a una contratista, cada despido, cada ascenso congelado y cada enfermedad sin reconocer le arranca un pedazo a ese patrimonio. La Guajira ya vio lo que le pasó al Cesar: miles de trabajadores en la calle de un día para otro y pueblos enteros sin sustento. Aquí no lo vamos a permitir.
SINTRACARBÓN no busca el choque: busca un entendimiento. Por eso venimos adelantando, de manera planificada, una ruta que lleva el tema a una mesa de diálogo y se apoya en las instituciones del Estado.
El primer escenario es la mesa directa con la empresa. Un acuerdo extra convencional creó una comisión bipartita sobre el plan de cierre, que sesiona cada seis meses, y en junio de 2026 Cerrejón reconoció que el componente laboral cabe en esa mesa. Nuestro propósito es que el plan de cierre detallado, que debe radicarse hacia 2027-2028, incluya un componente laboral concertado con los trabajadores.
También hemos tocado la puerta del Ministerio del Trabajo. A solicitud nuestra, el Ministerio inspeccionó en diciembre de 2025 a Cerrejón y a sus contratistas en Albania, y en agosto de 2026 convocó una mesa de diálogo social con empresas y sindicatos. Ahora pediremos que esa vigilancia llegue a toda la cadena de contratistas.
En el terreno político, solicitamos a la Asamblea Departamental de La Guajira un debate de control político sobre el cierre progresivo y sus efectos sociales, ambientales y laborales, incluida la situación de los compañeros enfermos. En el Senado de la República estamos atendiendo la solicitud de información de la Senadora Johana Osorio Márquez, que busca convocar una mesa técnica sobre derechos laborales y cierre de Cerrejón, y exigiremos a la institucionalidad la aplicación del Decreto 0742 de 2026, que reglamenta el cierre de minas.
Hemos solicitado formalmente la aplicación del Decreto 0742 de 2026, y la respuesta ha sido que a la norma todavía le falta reglamentación. Pero hay algo más grave: hemos tenido información de que, al interior del Ministerio de Minas y Energía, se estaría intentando derogar o modificar el decreto, precisamente porque le asigna a la empresa responsabilidades laborales en el cierre. Si eso se confirma, sería la prueba de que la estrategia no solo se juega en la mina, sino también en los despachos. Un decreto que protege a los trabajadores no se tumba: se reglamenta y se cumple.
“Mantenemos nuestra apertura al diálogo; sin embargo, no renunciamos a los mecanismos y estrategias de lucha y defensa de nuestros derechos convencionales.
Le pedimos a Cerrejón que diga la verdad completa sobre su fuerza laboral, directos, contratistas y subcontratistas, y que el plan de cierre incluya un componente laboral real, concertado con los trabajadores, que cobije por igual a directos y contratistas. Le pedimos que reabra la puerta a los aprendices del SENA y priorice la vinculación directa de mano de obra guajira, que respete el debido proceso y la proporcionalidad en los procesos disciplinarios, y que desbloquee el ascenso de los trabajadores y les pague lo que se han ganado. Y le exigimos que respete la redacción de la convención colectiva tal como fue pactada, sin crear lineamientos unilaterales que restrinjan los beneficios conquistados: lo que se firmó en la mesa no se recorta en una oficina.
Al Ministerio del Trabajo le pedimos que inspeccione toda la cadena de contratistas y actúe frente a cualquier tercerización ilegal en labores permanentes. Y a la Superintendencia Nacional de Salud, que investigue las restricciones denunciadas en remisiones, incapacidades y tratamientos, y que garantice la autonomía de los médicos y la reserva de la historia clínica.
A todos los trabajadores del carbón les decimos: no están solos. La transición energética será justa o no será. Y sólo será justa si los trabajadores están en la mesa, organizados y unidos.
El empleo digno no se terceriza: se protege, se organiza y se negocia.
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL